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Los niveles de seguridad social en España alcanzaron un total de 521.891 en los seis primeros meses del año, un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata de un récord histórico desde que se comenzó a registrar esta serie en 2013. Sin embargo, este incremento se produce en el contexto de preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos que están a la espera de conocer la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda. Díaz.
El Comité Europeo de Derechos Sociales publicó recientemente una resolución en la que afirma que los actuales planes de prestaciones, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario en caso de despido, no están en consonancia con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona una compensación adecuada a los trabajadores ni desincentiva adecuadamente a las empresas para que no despidan trabajadores innecesariamente.
El PSOE y Sumar acordaron revisar la normativa de despidos para adaptarla a la legislación europea. Sin embargo, la medida ha dividido a los ministros, ya que implica reconocer las críticas de la comisión. Se propone la posibilidad de eliminar el límite de 24 meses de indemnización e introducir una compensación adicional según las circunstancias del trabajador de que se trate.
Los sindicatos, en particular la UGT, han llevado esta cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas laborales injustificadas. En el primer semestre de 2021, los despidos aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa, dejando a los trabajadores sin protección.
Aunque algunos empleados se ven obligados a iniciar casos disciplinarios sin derecho a compensación, muchos de estos casos terminan en conciliación o litigio. Esto se traduce en un bono de compensación de 33 días, lo que resulta caro para las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar sus despidos con razones objetivas, que en la práctica son más fáciles de argumentar.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social confirman esta tendencia: el 54,9% de los retiros se clasifican como disciplinarios individuales, mientras que sólo el 41,85% se debe a razones objetivas, como económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación proporcionada en el momento del despido y no en revisiones posteriores.
A pesar de la aparente mejora en los niveles de membresía, las cifras de despidos y gastos también muestran un aumento en las bajas por enfermedad. Este escenario se intensificó tras la reforma laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre trabajadores recién contratados o de menor antigüedad.
El debate sobre la regulación del despido sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de este reglamento genere inseguridad jurídica durante las negociaciones. Se discute la posibilidad de mantener el límite actual pero ofrecer más herramientas a los jueces para determinar una mayor compensación en casos de despido improcedente.
El PSOE y Sumar también prefieren centrarse en acuerdos que versan sobre la reducción de jornada antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica de las empresas.
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