Rodrigo Rato guarda silencio a la llegada a su juicio por blanqueo y delitos fiscales | Economía

Rodrigo Rato ha regresado este viernes a los tribunales para ser juzgado. Por tercera vez. El ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar (PP), que salió de prisión en 2020 tras cumplir condena por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, ha entrado poco antes de las 10.00 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde comienza esta mañana la vista oral contra él por ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda y cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios de Bankia, entidad que también encabezó. Rato ha llegado al edificio en silencio, solo y ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. “Buenos días”, es lo único que ha dicho.

La vista, que prevé prolongarse hasta finales de mayo, arranca con las cuestiones previas. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia han reservado cuatro jornadas para esta fase (15, 18, 19 y 20 de diciembre). Después, las sesiones se irrumpirán hasta enero, cuando se reiniciará con las declaraciones de los testigos. Además de Rato, los tribunales abrieron juicio oral contra otra quincena de personas físicas y jurídicas: entre ellas, Teresa Arellano, quien fuera la secretaria personal durante décadas del exdirigente del PP; Santiago Alarcó, excuñado de Rato; el asesor fiscal Domingo Plazas; y Ramiro Sánchez de Lerín, exsecretario del consejo de administración de Telefónica, compañía que se encuentra implicada también como responsable civil subsidiario.

Esta fase de cuestiones previas resultará fundamental para observar la primera línea de defensa que se despliega. En ese sentido, según fuentes jurídicas, los abogados de Rato tratarán de invalidar alguno de los aspectos clave del sumario, en el que se le acusa por blanqueo y delitos fiscales, entre otros. Por ejemplo, intentarán declarar nula la resolución judicial que dio luz verde el 16 de abril de 2015 al registro de su casa, de donde salió detenido aquella jornada. Los letrados del exvicepresidente consideran que ese auto no incluía la argumentación necesaria para considerar proporcionada la medida; y apuntan que la incautación de material se ejecutó sin ningún tipo de límite (se intervinieron millones de documentos, que cubrían décadas y afectaba a decenas de empresas y personas).

Los abogados del exdirigente del PP ya han calificado antes las pesquisas como una investigación “prospectiva”, que solo tenía por “único objeto a Rato y todo su entorno”: “Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con él”. Un punto en el que, según estas mismas fuentes, se prevé ahondar durante esta fase de cuestiones previas, así como plantear al tribunal que se vulneraron derechos fundamentales de los acusados durante la instrucción.

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